El sistema de pensiones está destruido y necesita reformas profundas. El plan de gobierno elaborado por el equipo de María Corina Machado contempla un nuevo esquema con cuentas individuales y administradoras privadas.
Víctor Salmerón
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Inmerso en una campaña electoral en la que la mayoría de los sondeos lo ubican en desventaja, Nicolás Maduro necesita mejorar en algo las condiciones de cinco millones de ancianos que padecen la bancarrota del sistema de pensiones.
El candidato presidente no ha anunciado reformas de fondo para reconstruir una estructura en escombros que deposita una pensión mensual de tres dólares y medio, pero antes de las elecciones del 28 de julio aumentará la transferencia mediante un impuesto a la empresa privada.
El inconveniente es que en una economía frágil, con empresas que ya soportan una pesada carga tributaria, el nuevo impuesto mensual equivalente a 9% de todo lo pagado a la nómina, amenaza con desacelerar el aumento en el ingreso de los trabajadores y afectar la viabilidad financiera de las compañías.
El diseño del impuesto lo desvincula de las ganancias y tampoco establece un límite para el ingreso del trabajador que sirve de base para el cálculo; es decir, las empresas que mejor remuneran y crean un mayor número de puestos de trabajo pagarán más.
Fedecámaras, el gremio que agrupa a la empresa privada, propuso que la Ley de Protección de las Pensiones estableciera una tasa máxima de 6% y precisara un techo para la base del aporte, pero el Parlamento no tomó en cuenta las sugerencias.
El dinero será recaudado por el Seniat, el organismo encargado de cobrar los impuestos y la Ley no contempla ningún mecanismo de transparencia a fin de evitar que los recursos, que en teoría son para las pensiones, tengan otros usos.
El impacto
Iván Acosta, director de PGA Group, advierte que “la disposición de las empresas a otorgar mejoras en el salario y los bonos que reciben los trabajadores va a ser menor”.
Agrega que es muy probable que las empresas busquen mecanismos para contener aumentos en el ingreso del trabajador, a fin de evitar que crezca el monto del impuesto para las pensiones, pero que otorguen otro tipo de beneficios.
“Es posible que se busque compensar por el lado de los gastos, por ejemplo, que se le pague el colegio de los hijos al trabajador o que se recurra a la entrega de bienes como una bolsa de alimentos o prendas de vestir”, dice Iván Acosta.
En un entorno donde las empresas producen poco, las ventas son bajas y el acceso al financiamiento es limitado, las remuneraciones están en el sótano de América Latina.
Conindustria, el gremio que agrupa a la manufactura privada, indica que al cierre de 2023 el ingreso promedio mensual de los obreros, que incluye bonos y salario, se ubicó en 196 dólares.
Si bien es una cifra muy baja ha crecido lentamente en los últimos dos años gracias, entre otras cosas, a que los bonos, en su mayoría en dólares o indexados, no son tomados en cuenta para el pago de beneficios como prestaciones o utilidades.
Pero al incluir los bonos en el pago del aporte especial para las pensiones se sembró la idea de que es posible un cambio en las reglas del juego sin mayor diálogo, algo que aumenta la incertidumbre en las empresas.
“El gobierno está configurando una nueva base gravable. Hoy los bonos entran en el cálculo para el tema de pensiones, pero ha creado la duda de que mañana podría ser para prestaciones sociales o para el aporte de la Ley de Política Habitacional, por ejemplo”, dice Iván Acosta.
Otro elemento a considerar es que es probable que para aliviar el impacto en la caja las empresas incrementen los precios en momentos en que el consumo es endeble.
La burbuja
El sistema de pensiones de Venezuela, a complementar con el nuevo impuesto, se basa en que los trabajadores y las empresas aportan para costear las pensiones. La contribución se calcula como una fracción del sueldo de cada trabajador.
Las edades de retiro de 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres, así como el número de cotizaciones requeridas para solicitar la pensión, son bajas en comparación con la mayoría de los países de la región.
A partir de 2012 el gobierno comenzó a otorgar pensiones a todos aquellos con edad para recibirla, independientemente de que hayan cotizado o no, con lo que el número de pensionados se triplicó y según cifras oficiales se alcanzó la meta de que toda persona en la edad requerida reciba una pensión.
Ministerio de Planificación
Como los salarios son muy bajos y al menos la mitad de los trabajadores no cotiza porque están en el sector informal, el Estado cancela gran parte del costo de las pensiones a través del gasto público.
La carga fue soportable mientras los altos precios del petróleo mantuvieron en pie a las endebles finanzas del socialismo del siglo XXI. Pero una vez el barril perdió brillo afloró que no había ahorros, la producción de petróleo había descendido y el país tenía cerrado el financiamiento internacional por la enorme deuda externa.
Maduro recurrió a la emisión de dinero para soportar el gasto público dando pie a una virulenta hiperinflación y a una devaluación sin precedentes de la moneda.
La ley obliga a que las pensiones sean igual al salario mínimo y en medio del colapso el gobierno mantiene este indicador en el foso, por lo tanto, los pensionados reciben una pensión simbólica y en algunos casos un bono de 32 dólares, en un país donde el sistema público de salud es muy deficiente.
El colapso de la economía propició la emigración de siete millones de venezolanos, en su gran mayoría en edad de trabajar, agravando la inviabilidad del sistema.
El pasado 9 de mayo la vicepresidenta Delcy Rodríguez admitió que “hay más pensionados que cotizantes. Hay 4,3 millones de cotizantes y 6,3 millones de pensionados y jubilados, entonces la norma está invertida”.
Sin sanciones
Carlos Aponte, sociólogo, profesor del Cendes y autor del trabajo Pensiones de vejez en emergencia Venezuela 2015-2020, resume que “hubo un crecimiento del sistema de pensiones muy bien intencionado pero sin fundamentos para operar en el futuro, sobre todo cuando no hubiesen los recursos extraordinarios que aportaba el petróleo”.
Ministerio de Planificación
El uso de las pensiones en tiempos de campaña no es nuevo. Carlos Aponte indica que cuando Hugo Chávez buscó la reelección en 2012 se otorgó medio millón de nuevas pensiones y destaca que “lo que se está haciendo ahora, nuevamente, parece tener una motivación electoral bastante nítida”.
En 2018 Nicolás Maduro se reeligió mediante unas elecciones cuestionadas por la Unión Europea, gobiernos de América Latina y Estados Unidos, que aplicó sanciones. El gobierno sostiene que el colapso de las pensiones se debe a estas sanciones.
Carlos Aponte subraya que el hundimiento es previo. “En 2015 el valor de las pensiones en términos de dólares era la mitad del que tenía en 2012 y en 2016 cayó a la cuarta parte, esto es antes de las sanciones genéricas que aplicó Donald Trump”.
La reconstrucción
El plan de gobierno que diseñó el equipo que asesora a María Corina Machado, la principal líder de la oposición, contempla una reforma estructural en el sistema de pensiones en un entorno en el que el país estabiliza la economía, entre otras cosas, mediante apoyo de organismos multilaterales y la reestructuración de la deuda externa.
El plan Venezuela Tierra de Gracia prevé un nuevo sistema con tres pilares: el solidario para quienes no pueden contribuir, el de transición y el de capitalización individual.
El pilar solidario sería para quienes ya no están en edad de trabajar y reciben una pensión que no les permite cubrir sus necesidades básicas; estas personas tendrán un ingreso para mejorar su calidad de vida.
El de transición sería para quienes están trabajando y cotizando al Seguro Social pero que por su edad no ahorrarán lo suficiente para una pensión adecuada. Este grupo tendrá la opción de ingresar a un sistema de ahorro individual donde su aporte, junto al de las empresas, serán capitalizados y puestos a generar rendimientos.
Al final las pensiones de este grupo se cubrirán con la combinación de la contribución de los patronos, el ahorro personal y el complemento de aportes del Estado en montos variables, dependiendo de lo que haya ahorrado cada individuo durante su vida laboral.
A los trabajadores más jóvenes se le transferiría al tercer pilar que sería de “capitalización individual, manejado por empresas administradoras de fondos de pensiones privados”.
“Tendrán un sistema de ahorro privado con contribuciones del empleado y del empleador. Igualmente participarán en este sistema los profesionales y los trabajadores por cuenta propia”, dice el plan.
Añade que “cada participante tendrá una cuenta individual que permita acumular el capital suficiente para financiar la pensión al momento de la jubilación”.
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