Se dibuja un escenario en el que sigue cerrada la puerta de los multilaterales y del crédito internacional en medio del riesgo a que un endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos agrave la crisis cambiaria.
Víctor Salmerón
Maduro junto a Daniel Ortega
En un intento por minimizar la gravedad de los señalamientos de fraude, el mayor aislamiento internacional y el impacto que tendrá para el país un presidente ilegítimo, acusado de gobernar desafiando la voluntad de los venezolanos, Nicolás Maduro prometió que su nuevo mandato inaugura el “periodo de la paz, la prosperidad y la nueva democracia”.
Las celebraciones políticas dan el inicio a algo nuevo, pero la continuidad de Maduro se asemeja más a una promesa desgastada. Todo apunta a que seguirá cerrada la puerta de los multilaterales y del crédito internacional mientras que el país se expone a embargos por no poder restructurar la deuda externa.
Además, estará latente el riesgo de que un endurecimiento de las sanciones agrave la crisis cambiaria y acelere la inflación.
Nicolás Maduro fue declarado vencedor en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio por un Consejo Nacional Electoral que no mostró prueba alguna del escrutinio, mientras que las actas en poder de la oposición, verificadas por el Centro Carter, reflejan la victoria de Edmundo González, hoy en el exilio.
Estados Unidos, la Unión Europea e incluso gobiernos de izquierda como el de Brasil, Chile y Colombia se han negado a reconocer a Maduro a pesar de que el 10 de enero se haya enfundado la banda presidencial.
El escenario no es nuevo. Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013 Maduro obtuvo una cerrada victoria y en 2018 se reeligió mediante elecciones cuestionadas por la Unión Europea, la mayoría de los gobiernos de América Latina y Estados Unidos, que además aplicó sanciones.
Cómo impactaría si Trump endurece las sanciones
Las sanciones de 2018 agravaron la crisis que ya había desplomado la producción petrolera, un sector clave porque aporta nueve de cada diez dólares que ingresan al país.
En noviembre de 2022 la administración de Joe Biden ablandó las sanciones y permitió a Chevron producir y exportar petróleo desde Venezuela mediante una licencia especial. Luego, emitió licencias similares a Repsol, ENI y Maurel & Prom.
Gracias a este giro, principalmente a la actividad de Chevron, la producción que había seguido cayendo hasta medio millón de barriles al día comenzó a crecer y al cierre de noviembre de este año, de acuerdo a las fuentes secundarias que utiliza la OPEP, se ubicó en 876 mil barriles diarios, un nivel similar al de 1945.
Donald Trump iniciará su nuevo período en la Casa Blanca el próximo 20 de enero y esta semana se refirió a Edmundo González como “el presidente electo” de Venezuela.
Si Washington toma medidas drásticas podría prohibir a Chevron que exporte Petróleo desde Venezuela y los 200 mil barriles diarios que está produciendo, asociada con Pdvsa en distintos proyectos, tendrían que venderse con descuento a través de intermediarios y en un mercado distinto al de Estados Unidos.
Barclays advierte en un informe enviado a sus clientes que el descuento supondría una pérdida de 1.500 millones de dólares en 2025 para el gobierno de Maduro, que podría ser mayor en caso de que no encuentre mercado para los barriles y Pdvsa tenga que disminuir la producción.
Un detalle clave es que el monto que dejaría de entrar a la caja del gobierno equivale a un tercio de la oferta de dólares que alimenta el mercado cambiario, por lo tanto de ocurrir este escenario la cotización del dólar en el mercado oficial escalaría con mayor velocidad en 2025.
Daniel Cadenas, director de Oikos Research, escribe en un análisis que “el tipo de cambio y la tasa de inflación podrían volverse aún más inestables y volátiles, ante una aumentada restricción externa, que merme aún más el flujo de efectivo externo de Pdvsa y la oferta de dólares en el mercado cambiario, proveniente de las empresas transnacionales”.
Añade que de eliminarse las licencias, su proyección es que la economía entraría en recesión y el PIB sufriría una contracción de entre 2% y 4%.
Una crisis cambiaria en proceso
A comienzos de octubre el Banco Central de Venezuela tenía razones para sentirse satisfecho. Durante doce meses el tipo de cambio oficial prácticamente no había variado y la inflación mostraba una evidente pérdida de empuje; pero la fragilidad emergió en el último trimestre de la mano de una crisis cambiaria que luce lejos del final.
Las cifras muestran el desajuste. En las últimas trece semanas la cotización del dólar en el mercado oficial acumula un alza de 46% y en el mercado paralelo se disparó con mayor fuerza creándose una brecha de 26% entre las dos tasas que distorsiona la economía.
BCV
El desequilibrio obedece a que el gobierno inyectó más bolívares a la economía y el alza de la liquidez derivó en una demanda de dólares que supera a la oferta. En caso de que Trump endurezca las sanciones y se reduzca la oferta de divisas, Barclays estima que el tipo de cambio, que actualmente es de 68 bolívares por dólar en el mercado paralelo, podría dispararse hasta 100 bolívares por dólar en el primer trimestre de este año.
El alza del dólar encarece las importaciones y agrava el malestar bimonetario: como las empresas y los comercios utilizan al billete verde para fijar los precios, un dólar más costoso rápidamente se traduce en más bolívares a pagar por cada producto.
El Banco Central oculta las estadísticas pero el Observatorio Venezolano de Finanzas indica que en diciembre la inflación registró un salto de 14,8%, el más elevado en los últimos 22 meses.
OVF
Sin financiamiento en dólares
Tras la virulenta crisis que redujo el tamaño de la economía a la cuarta parte, Venezuela tocó fondo y comenzó una recuperación en cámara lenta que para ganar vitalidad necesita financiamiento; pero hay un problema: la gigantesca deuda, que no paga desde 2017 y que no ha podido reestructurar, le impide el acceso al crédito internacional.
El informe Saldar la deuda, salvar Venezuela elaborado por un grupo de profesionales venezolanos de distintas disciplinas, explica que al tomar en cuenta fuentes oficiales, reportes de organismos multilaterales, demandas por incumplimiento y centros de arbitraje, al cierre de 2023 la deuda total era de 161 mil millones de dólares.
Cuando los países no están en capacidad de pagar la deuda inician un proceso de negociación con los acreedores, que tiene como meta una reestructuración de largo alcance que suele incluir una rebaja en el monto adeudado, plazos más largos, nuevo financiamiento, un período de gracia en el que no hay que realizar amortizaciones y tasas de interés más favorables.
Como un paso previo a la reestructuración, los acreedores suelen exigir que el país diseñe un programa de recuperación, estabilización y reformas con apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el resto de los organismos multilaterales.
De cumplir con estos pasos Venezuela obtendría créditos para solventar las fallas de electricidad y combustible que frenan la recuperación de la economía, para aumentar las reservas del Banco Central a fin de estabilizar la moneda y para mejorar áreas en estado crítico como la red de hospitales públicos.
Pero en un entorno de no reconocimiento e ilegitimidad a la administración de Nicolás Maduro le será muy difícil reestructurar la deuda externa y obtener financiamiento de los multilaterales.
Gustavo García, quien se desempeñó como jefe del área fiscal en el Banco Interamericano de Desarrollo, afirmó en un foro del Observatorio Venezolano de Finanzas que “Venezuela necesita un gobierno con legitimidad y apoyo de los multilaterales, de lo contrario va a tener un crecimiento bajo y se va a quedar como un país pobre. Actualmente el PIB per cápita es similar al de Honduras, que es el cuarto país más pobre de la región”.
Peligro de embargos
La deuda en bonos, emitidos en su gran mayoría por Pdvsa, la empresa petrolera del Estado, y el gobierno suma al cierre del pasado 16 de diciembre 99 mil 594 millones de dólares y la consultora Síntesis Financiera indica que el monto en atraso, por capital e intereses, es de 67 mil millones de dólares.
Grupos de inversionistas que no reciben pago por los bonos venezolanos desde 2017 han acudido a tribunales en Nueva York y estarían en condiciones de intentar embargar activos de la nación.
“El sector público venezolano se expone a un aislamiento comercial y financiero producto de las demandas. Acreedores ya tienen órdenes de embargo y van a actuar sobre activos como el oro que tiene el país en el Banco de Inglaterra, buques de Pdvsa o buques comerciales con petróleo, aviones de Conviasa (la línea aérea del Estado) y cualquier pago que el país coloque en el sistema financiero internacional”, dijo Gustavo García.
Además de la deuda en bonos, el país tiene deuda con empresas que fueron expropiadas sin pago alguno durante el gobierno de Hugo Chávez. Una lista de empresas como la minera canadiense Crystallex y ConocoPhillips obtuvieron decisiones favorables en cortes de arbitraje y han avanzado de manera decidida en el intento de cobrar a través de una subasta de acciones de Citgo ordenada por la Corte de Delaware, en Estados Unidos.
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