El petroestado se achicó y se hizo más dependiente de los impuestos que cobra a las empresas y los ciudadanos, pero este giro no generó mayor transparencia y eficiencia en el sector público.
Víctor Salmerón
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Tras el declive de la renta proveniente del barril, el petroestado venezolano se redujo y pasó a depender en mayor medida del cobro de impuestos a la sociedad. La consecuencia es una carga tributaria que absorbe buena parte de las ganancias de las empresas y les deja poco margen para el ahorro y la inversión.
Datos de Conindustria, el gremio que agrupa a la manufactura privada, revelan que al cierre de 2022, último año para el que existen cifras definitivas, las empresas venezolanas pagaron en impuestos el equivalente a 68,6% de las ganancias, mientras que en el resto de América Latina la proporción es 40%.
Ante el descenso de la producción petrolera, que actualmente es menos de un tercio de lo que era cuando el chavismo llegó al poder, la administración de Nicolás Maduro incrementó la presión tributaria por distintas vías.
Un análisis de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario indica que a las más de veinte obligaciones existentes, en los últimos tres años se añadieron medidas como los anticipos quincenales en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta.
Además, un impuesto a las grandes transacciones financieras, un impuesto a los grandes patrimonios y el pago mensual del aporte a la ciencia y la tecnología.
Explica la Asociación que el impuesto a grandes patrimonios “no toma en cuenta activos productivos y en algunos casos se traduce en un supuesto de imposición poco racional, al someter a gravamen a empresas que no han obtenido renta o utilidad en el ejercicio”.
Asimismo el aporte para la ciencia y la tecnología se determina “sobre los ingresos brutos de las empresas y no permite deducir costos, gastos ni pérdidas sufridas en el ejercicio”, dice la Asociación.
Añade que la tributación municipal (impuesto a las actividad económica, impuesto sobre inmuebles urbanos, sobre publicidad y aseo urbano) “recae sobre los ingresos brutos y no atiende en forma alguna a la utilidad real de los contribuyentes”.
El papeleo
El pago de los impuestos es engorroso, incesante por las declaraciones quincenales, consume una gran cantidad de horas y obliga a contratar personal especializado para responder al exceso de burocracia.
Ana Azevedo, contadora y quien trabaja en el área de impuestos para la firma de Consultoría PwC Venezuela, explica que las empresas catalogadas como contribuyentes especiales hacen al año, al menos, 193 declaraciones.
El Índice de Burocracia en América Latina en su edición de 2022 indica que en promedio, las pequeñas empresas venezolanas destinan al pago de impuestos 449 horas al año, mientras que en Chile utilizan 82 horas, en Colombia 139 y en Ecuador 152.
“En la medida en que son más numerosos, engorrosos, frecuentes y cambiantes los trámites, las empresas tienden a subcontratar agentes especializados y en muchos casos emergen las vías informales, opacas e incluso no legales, que alimentan los incentivos perversos y las redes de la corrupción”, dice el estudio.
Litsay Guerrero, directora de la especialización de derecho de economía en la Universidad Monteávila, afirma que “el país necesita mejorar las condiciones para el desarrollo de negocios, simplificar trámites y utilizar nuevas tecnologías para mejorar los procesos”.
Torta pequeña
La larga recesión sufrida entre 2014-2020 redujo el tamaño de la economía a la cuarta parte, por lo tanto, la sobrecarga tributaria recae sobre un sector formal enano que produce poco y tiene bajos ingresos.
Si bien la carga tributaria consume una porción muy relevante de las ganancias de las empresas, el aporte en impuestos equivale a 6% de PIB mientras que en el resto de América Latina el promedio es 16%, precisa Conindustria.
El gobierno está decidido a aumentar la recaudación en un año de elecciones presidenciales. Nicolás Maduro anunció que la meta de 2024 es que se incremente hasta 10 mil millones de dólares desde 5 mil 750 millones en 2023.
Conindustria encuesta de coyuntura
Litsay Guerrero afirma que “es un Estado con una necesidad de ingresos importantes que básicamente se ha volcado a obtener estos ingresos vía tributos porque no tiene posibilidades de endeudamiento”.
La opción del financiamiento en el mercado internacional está clausurada porque el gobierno no paga la deuda externa desde 2017 y multilaterales como el Fondo Monetario Internacional no lo reconocen como legítimo.
Richard Obuchi, profesor del IESA, advierte que seguir aumentando la carga tributaria eventualmente llevará al cierre de empresas, a la destrucción de puestos de trabajo y a una economía más centrada en la importación.
Desde su punto de vista la vía correcta es aumentar la recaudación ampliando la base de contribuyentes, supervisando al sector informal; pero deja en claro que “a largo plazo lo que puede mejorar la capacidad de recaudación es una economía en crecimiento”.
Conindustria encuesta de coyuntura
El patrimonialismo
Tradicionalmente el dinero proveniente del barril convirtió al petroestado venezolano en autónomo, en el sentido de que no dependía de las contribuciones de los ciudadanos. Al contrario, el Estado distribuía la renta petrolera mediante distintos mecanismos.
Dólares para importaciones baratas, contratación de empresas privadas para grandes proyectos, exceso de trabajadores públicos, subsidios y muy baja presión tributaria eran canales por donde fluía la renta petrolera hacia la sociedad.
Si bien es cierto que en los años 2000 aumentó lentamente la proporción de los impuestos respecto al total de ingresos, se trató de una dinámica donde el dinero del petróleo dinamizaba la economía a través de su efecto multiplicador.
En su libro La renta y el reclamo Diego Bautista Urbaneja indica que con la llegada de Chávez al poder comienza una gran discrecionalidad en el manejo de la renta petrolera y “el esquema apunta al patrimonialismo, es decir, a una situación donde los recursos públicos son manejados por el jefe como si fueran su propio patrimonio”.
Nada cambia
Tras el ascenso de Nicolás Maduro a la presidencia, el petroestado, ante el declive de la renta petrolera, pierde poder para intervenir en la economía y se hace más dependiente del cobro de impuestos; no obstante, la discrecionalidad y la poca transparencia se agravan.
Buena parte de las estadísticas públicas han desaparecido, no hay debate sobre las prioridades del gasto y no hay precisión sobre indicadores clave como el déficit fiscal, las cifras de pobreza y el empleo.
Guillermo Aveledo, politólogo, explica que “el Estado mantiene su instinto autónomo de no negociar con la sociedad cómo gasta sus recursos. Obtiene recursos a través de los impuestos y son recursos que tendrían que ser teóricamente negociados en su uso con la sociedad, pero eso no pasa”.
Añade que “no hay ninguna contraprestación, la sociedad lo que recibe del Estado son demandas, no recibe ofertas” y explica que un elemento a considerar es que el sector formal de la economía es pequeño y “tiene poca capacidad en sí mismo para reclamar”.
Del lado de los ciudadanos tampoco hay mayor exigencia de transparencia en el uso de los recursos públicos. “Seguimos demandando ventajas para nuestro pequeño sector sin ver el todo. No hay discusión de prioridades porque la cultura no cambia de un día para otro”, dice Guillermo Aveledo.
Juan Cristóbal Carmona, abogado y miembro de la Academia de Ciencias Políticas, afirma que “la sanción o el solo ejercicio del poder tributario nunca va a ser más efectivo que la confianza y credibilidad que un Estado pueda generar en la población”.
“La cultura tributaria no se puede alcanzar a base de amedrentamiento, penalizaciones, amenazas; tiene que partir de la convicción que debe tener todo ciudadano de que no hay mejor alternativa que invertir en el pago de tributos porque eso se va a traducir en beneficio personal y de la sociedad”, agrega.
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