Gustavo García señala que es vital iniciar una estabilización expansiva y salir del "ajuste salvaje" que aplica el gobierno. La deuda externa es una olla de presión que expone al país a embargos y a un mayor aislamiento financiero.
Víctor Salmerón
Gustavo García, economista
Gustavo García, quien se ha desempeñado como economista del Banco Interamericano de Desarrollo y profesor del IESA, advierte que sin un cambio que abra las puertas a una estabilización expansiva, Venezuela continuará en una inercia de mínimo crecimiento o caída, en la que perderá la capacidad de recuperación y permanecerá anclada en el fondo, con una pobreza similar a la de países como Honduras.
Tras el fin de los años bárbaros 2014-2021, cuando la recesión redujo la economía a la cuarta parte y la hiperinflación pulverizó la moneda, la administración de Nicolás Maduro aplica un severo ajuste que mantiene fija la cotización del dólar, para calmar las expectativas y desacelerar el alza de los precios.
Mantener la estabilidad del dólar implica que haya pocos bolívares para comprar dólares, en un entorno donde la oferta está restringida porque las reservas del Banco Central están en mínimos históricos, la producción de petróleo se desplomó y el país, en default desde 2017 y sin acceso a los multilaterales, tiene cerrada la puerta del financiamiento.
Banco Central
El gobierno ha logrado aminorar la cantidad de bolívares con una drástica reducción del gasto público y una rigurosa limitación del crédito: el resultado es menos inflación pero con crecimiento exiguo, salarios de pobreza, poco consumo y pensiones simbólicas.
“Lo que hay en Venezuela es un ajuste salvaje, sin financiamiento externo, para controlar la inflación y el tipo de cambio. Me cuesta llamar a esto estabilización, no hay estabilización sin crecimiento. La demanda está deprimida, aparte del impacto social, niños y ancianos en situación precaria”, dice Gustavo García.
Conindustria
A este entorno se añade una crisis política más aguda. En una elección señalada como no democrática por el Centro Carter, el Consejo Nacional Electoral, sin mostrar actas, declaró vencedor a Nicolás Maduro y le otorgó un nuevo mandato que fue ratificado esta semana por el Tribunal Supremo de Justicia; un órgano bajo control de Maduro.
La oposición afirma que las actas en su poder demuestran el triunfo de su candidato, Edmundo González. La Unión Europea, Estados Unidos y la mayoría de los países de la región exigen una auditoría imparcial.
La turbulencia política no es nueva para Maduro. En 2018 se reeligió a través de unas elecciones cuestionadas por una larga lista de países incluyendo a Estados Unidos, que aplicó un conjunto de sanciones.
En un nuevo sexenio con un gobierno no reconocido el país sufrirá mayor aislamiento internacional, correrá el riesgo de un endurecimiento de las sanciones y difícilmente podrá atraer inversión y obtener el financiamiento que necesita.
Ante la pregunta de si en este entorno el gobierno podrá mantener fijo al tipo de cambio, Gustavo García explica que “si matas el crecimiento, el empleo y sigue la emigración, ese esquema puede sobrevivir con un chorrito de dólares que entre por el petróleo”.
“Es una economía que va a crecer poco, dos o tres por ciento si crece, y que se quedará pasmada. Venezuela ya tiene un PIB per cápita similar al de Honduras que es el cuarto país más pobre de la región, solo está por encima de Nicaragua, Cuba y Haití”, agrega.
Inmediatamente se pregunta: “¿Esa es Venezuela? ¿Con los recursos petroleros y minerales que tiene, un capital humano en el exterior que en buena parte podría regresar y una infraestructura reparable que le permite una recuperación rápida?”.
“Obviamente no, pero de seguir la situación actual en pocos años la infraestructura, que ya está bastante deteriorada, estará mucho peor; habrá menos capacidad productiva, menos capital humano. Estamos en un borde donde si no actuamos rápido, sin un cambio, la capacidad de recuperación se va a perder, se va a ir liquidando”.
Profundiza en este tema y explica que “cuando hicimos el Plan País en 2019 establecimos que en diez años podíamos retornar al PIB de 2013, cinco años después la situación no es la misma, según mis estimaciones ahora, creciendo a un ritmo de 10% al año, alcanzaríamos ese nivel en quince años”.
La deuda externa
Durante la gestión de Hugo Chávez el país recibió una fortuna colosal por los altos precios del petróleo, pero al mismo tiempo la deuda creció a un ritmo frenético y el dinero se esfumó sin mejoras en la infraestructura, aumento de la producción de petróleo o diversificación de las exportaciones.
Gustavo García explica que al tomar en cuenta la deuda en bonos, con el Club de París, China, empresas petroleras y arbitrajes en organismos como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), la deuda total se ubica en torno a 165 mil millones de dólares, una magnitud que representa alrededor de 160% del PIB.
“Especialistas dicen que después de la deuda de Irak, que contó con una resolución de la ONU para proteger sus activos internacionales, la de Venezuela es posiblemente la deuda más compleja por el nivel respecto al PIB, la heterogeneidad de acreedores y los distintos tipos de deuda”, dice Gustavo García.
Explica que en el CIADI se han decidido 21 arbitrajes contra Venezuela por violación de derechos de los inversionistas, algunos de los cuales están embargando a Citgo; cuatro en la Corte Internacional de Arbitraje y tres en la Corte Europea de Arbitraje.
Añade que aun están pendientes otros 16 arbitrajes en el CIADI y cuatro en la Corte Internacional de Arbitraje, pero lo más preocupante es la deuda en bonos emitidos por la república y Pdvsa, que suma 95 mil millones de dólares y no se paga desde 2017.
Síntesis Financiera
Venezuela necesita acordar con los bonistas un plan de pago que se ajuste a su capacidad. Para esto los bonistas suelen exigir que el deudor firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el Fondo haga el análisis de sostenibilidad y determine el alivio que necesita el país en años de gracia o en reducción de la deuda.
A un gobierno no reconocido por Estados Unidos y el FMI le será muy difícil reestructurar la deuda y en este contexto, advierte Gustavo García, el país se expone a una cascada de órdenes de embargos.
“Muchos bonistas han avanzado en los tribunales de Nueva York y solo necesitan la orden de embargo forzoso, como ya la tienen acreedores de Citgo. Pueden embargar aviones de Conviasa, buques de Pdvsa, dinero del Banco Central en el Banco de Inglaterra, dinero de la República y Pdvsa en Portugal y en Estados Unidos”, explica.
Añade a la lista de activos en riesgo de embargo a “cualquier pago que el país coloque en el sistema financiero internacional. Eso coloca a Venezuela en una vulnerabilidad extrema y corre el riesgo de un aislamiento comercial y financiero por la deuda externa”.
Explica que los bonistas han comenzado a activar la cláusula de aceleración prevista en los contratos y en vez de exigir el monto en atraso demandan que se les cancele toda la deuda, en vista del tiempo transcurrido sin recibir ningún tipo de pago.
“Con esa nube encima va a ser muy difícil que Venezuela, sin financiamiento internacional y aislada, recupere el crecimiento; entonces lo que le ofrece Maduro al país, si se queda en las actuales circunstancias, es Honduras camino a Nicaragua”, dice Gustavo García.
Estabilización expansiva
Al analizar cómo el país podría comenzar una recuperación vigorosa describe los puntos básicos del plan elaborado por el grupo de expertos que asesoró a la líder de la oposición, María Corina Machado, durante la pasada campaña electoral y del cual formó parte.
La idea es una recuperación acelerada, relativamente rápida, mediante “un programa de reestructuración de la deuda externa, apertura completa del sector petrolero, desregulación de la economía y un proceso de privatizaciones”.
Un aspecto clave es que el país necesita un plan de inversiones que recupere servicios básicos como electricidad sin los cuales no es posible un crecimiento sostenido.
Paralelo a lo anterior está previsto un programa de inversiones públicas para recuperar los servicios de electricidad, gas, agua, la infraestructura escolar y hospitalaria. La primera no necesitaría financiamiento sino abrir los mercados al sector privado, muchas de esas empresas están quebradas, necesitan grandes inversiones y el Estado debe enfocar los recursos en el área social donde el sector privado no participa con los montos requeridos.
La falta de combustible es otra limitación.
Si logramos preservar a Citgo podemos intercambiar volúmenes de petróleo por combustible, eso incluye gasolina, gasoil, fuel oil para las plantas termoeléctricas y en poco tiempo se superaría este problema.
¿Para financiar el plan de inversiones se acudiría a los multilaterales?
Se requiere un acuerdo con los multilaterales para financiar ese programa de inversiones y la apertura del sector petrolero. Habría que comenzar con un acuerdo con el FMI para destrabar otros acuerdos con organismos como el BID y la CAF.
Agrega que el “acuerdo con el FMI pasa por tener un programa macroeconómico sólido e iniciar la restructuración de la deuda que va a ser un tema complejo, pero ese elefante hay que separarlo en pedazos para podérselo comer”.
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