El organismo de control mundial, el Gafi, detectó deficiencias en los sistemas de prevención. La medida afectará las transacciones bancarias y la inversión extranjera. Las empresas tendrán mayores exigencias en gestión del riesgo.
Víctor Salmerón
Pixabay
Desde el pasado 28 de junio Venezuela está bajo vigilancia reforzada por el Grupo de Acción Fiscal Internacional (Gafi), un organismo intergubernamental que combate el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo o a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los países bajo esta condición ingresan a la lista gris y básicamente significa que el Gafi detectó deficiencias relevantes en sus sistemas de prevención y que el gobierno asume el compromiso de superarlas en el menor tiempo posible.
El Gafi forma parte de una red global, junto a organismos regionales, que actúa sobre más de 200 países. Al incluir a un país en su lista gris no exige que se intensifiquen las comprobaciones debidas o due dilligence, pero es un elemento a tomar en cuenta en los análisis de riesgo. Esto, en la práctica, dificulta las transacciones en el sistema financiero internacional.
La percepción en los bancos es que existe un mayor riesgo e intensifican los controles para la movilidad del dinero. Además, se desincentiva la inversión extranjera; es por esto que los 21 países que están en la lista gris cooperan para salir de ella cuanto antes.
Países en la lista gris
Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Croacia, Congo, Haití, Kenia, Mali, Mónaco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Venezuela, Vietnam, Yemen.
Fernando Fernández, abogado experto en la normativa para prevenir el lavado de activos, explica que “se van a ralentizar las transacciones; los bancos, por ejemplo van a preguntar sobre el beneficiario de determinado pago: quién es, mándame su historia y esto hace que las transferencias se retrasen”.
“Es posible que por un exceso de cumplimiento te soliciten cosas insólitas para realizar la transacción o que se opte por eliminar el riesgo cortando las operaciones con el país”, dice Fernando Fernández.
Añade que “aumenta la percepción de riesgo y las empresas, al tomar decisiones de negocios en Latinoamérica, prefieran países como Costa Rica o Colombia que no están en la lista gris y no obligan a gastos extraordinarios para prevenir riesgos”.
El estudio The Impact of Gray-Listing on Capital Flows: An Analysis Using Machine Learning elaborado por Mizuho Kida y Simon Paetzold, publicado por el Fondo Monetario Internacional, analiza el impacto de la lista gris en los flujos de capital en una muestra de 89 países entre 2000-2017 y concluye que el efecto es relevante.
Los resultados sugieren que, en promedio, cuando un país está en la lista gris los ingresos de capital disminuyen en un monto equivalente a 7,6% del PIB y la inversión extranjera directa en 3% del PIB.
Adaptarse al entorno
Las empresas que operan en Venezuela necesitan prepararse para mayores exigencias en cuanto a transparencia, conocimiento del cliente y calidad de la información; de lo contrario, les será más difícil satisfacer los requerimientos de sus proveedores, bancos y clientes en el exterior.
“Las empresas que no han invertido en estos aspectos necesitan crear una unidad de cumplimiento y tener su oficial de cumplimiento, elaborar un manual para las operaciones, tener un código de ética, documentar cada operación y verificar con tus socios, proveedores y clientes quién es quién”, dice Fernando Fernández.
Es necesario reforzar los sistemas de gestión de riesgos o crearlos si no se tienen y esto implica un costo “que hay que incluir en el presupuesto de la empresa”, añade Fernando Fernández.
Tesoreros consultados admiten que desde la inclusión en la lista gris bancos en Estados Unidos han aumentado la solicitud de recaudos para realizar transferencias a proveedores dentro de Venezuela y en otros países.
Esta tendencia podría exacerbarse en vista de que Estados Unidos y una larga lista de países consideran como ilegítima la elección presidencial del pasado 28 de julio en la que Nicolás Maduro fue declarado como reelecto y es muy probable que endurezcan las sanciones al gobierno, algo que suele tener efectos colaterales en el sector privado.
La evaluación
Para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo el Gafi elaboró cuarenta recomendaciones que incluyen medidas financieras, legales y de conducta. Periódicamente realiza evaluaciones, junto a los gobiernos, para analizar el nivel de cumplimiento de cada recomendación.
En marzo de 2023 publicó el informe sobre la última evaluación realizada a Venezuela y en el cumplimiento técnico de las cuarenta recomendaciones en 31 ellas observó no cumplimiento o cumplimiento parcial.
El informe indicó que el país “cuenta con limitadas herramientas legislativas, normativas y estructuras que le impiden” actuar de manera eficiente. Los reportes de actividades sospechosas son elaborados de manera manual y se entregan en una ventanilla de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.
“El director general de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera es nombrado por el presidente de la República sin que exista requisitos para el ejercicio del cargo público. Esto debilita la transparencia en cuanto a los criterios de selección, idoneidad e independencia operativa”, dijo el informe.
Además señaló que “la República Bolivariana de Venezuela ha demostrado que lleva a cabo investigaciones y persecuciones de lavado de activos. Sin embargo, estas investigaciones no son coherentes con el riesgo y contexto del país ya que existe una cantidad baja de casos procesados”.
“Las autoridades competentes no cuentan con un software especializado para la identificación e investigación del delito de lavado de activos que coadyuve en sus actividades de investigación, lo cual impacta el desarrollo de productos de investigación de manera oportuna y de alta calidad”, añadió el informe.
Detectó que “hay sectores, por ejemplo, las cajas de ahorro, cooperativas que brindan servicios financieros, agentes inmobiliarios, abogados, contadores y demás profesionales jurídicos que no se encuentran sujetos a normativas específicas ni supervisión”.
El compromiso
El plan de acción que implementará Venezuela, de acuerdo con el Gafi, consiste en:
El fortalecimiento de su comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Garantizar que toda la gama de instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras, como casinos o agentes inmobiliarios, estén sujetas a medidas y a una supervisión basada en el riesgo.
Garantizar que la información adecuada, precisa y actualizada sobre los beneficiarios finales sea accesible de manera oportuna.
Mejorar los recursos de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera y la mejora del uso de la inteligencia financiera por parte de las autoridades competentes.
Mejorar la investigación y el enjuiciamiento.
Garantizar que las medidas para prevenir el uso de las organizaciones sin fines de lucro para el financiamiento al terrorismo sean específicas, proporcionadas y basadas en el riesgo y no interrumpan ni desincentiven las actividades legítimas en este sector.
Implementar sin demora sanciones financieras específicas relacionadas con el financiamiento del terrorismo y las finanzas públicas.
Crear cultura
Fernando Fernández considera que el país necesita crear una cultura corporativa y nacional respecto a la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, por eso debe trabajar en identificar, evaluar y entender sus riesgos.
Estima necesaria una reforma al artículo 31 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo que contempla la inmunidad legal del Estado y sus empresas porque abre la puerta a la corrupción.
Concretamente el artículo indica que “las personas jurídicas, con exclusión del Estado y sus empresas, son responsables civil, administrativa y penalmente de los hechos punibles relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo cometidos por cuenta de ellas, por sus órganos directivos o sus representantes”.
La corrupción en Venezuela, un delito estrechamente ligado al blanqueo de dinero, tiene magnitudes macroeconómicas. De acuerdo con la recopilación realizada por Transparencia Venezuela, la cantidad de dinero comprometida en 58% de los casos registrados como gran corrupción suma 69 mil 805 millones de dólares.
Esta cifra supera en ocho mil millones de dólares al atraso que tiene el país en el pago de capital e intereses de la deuda externa en bonos de la República, Pdvsa y La Electricidad de Caracas.
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